
La negociación para ingresar al CPTPP vuelve a poner sobre la mesa el funcionamiento de las empresas públicas uruguayas. El acuerdo admite empresas estatales y monopolios, pero regula su actividad comercial. La discusión requiere precisar qué normas deberían adaptarse y qué excepciones buscaría Uruguay para preservar sus objetivos de desarrollo.
El debate sobre el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) abarca más que la reducción de aranceles. La columna de Marcos Soto publicada el 19 de noviembre en El Observador plantea la necesidad de discutir los costos internos de la adhesión, los sectores sensibles y las condiciones aplicables a las empresas públicas.
Para evaluar ese último punto conviene separar tres asuntos: la propiedad estatal, las reglas sobre la actividad comercial y los compromisos específicos que Uruguay negocie. Son dimensiones relacionadas, pero no equivalentes.
El tratado permite mantener empresas estatales
La explicación oficial del Gobierno británico sobre el CPTPP señala que el acuerdo no impide que sus integrantes sean propietarios de empresas ni que las empresas estatales y los monopolios designados operen comercialmente. Las obligaciones buscan transparencia y limitar prácticas que distorsionen el comercio.
El Gobierno canadiense describe un criterio similar: las disciplinas se orientan a las actividades comerciales, la discriminación y las ayudas que generan ventajas indebidas frente a competidores. También distingue esas empresas de entidades que funcionan sin fines de lucro o sobre una base de recuperación de costos.
Por tanto, la existencia de empresas públicas no constituye una prohibición general dentro del tratado. La cuestión es cómo se aplican sus reglas a las actividades concretas y qué espacios de política pública quedan cubiertos por excepciones.
Qué dice el estudio uruguayo citado en el debate
El informe difundido por el → Instituto Nacional de Carnes (INAC), elaborado en un convenio con tres universidades, es un antecedente de 2022. Su capítulo sobre empresas públicas estuvo a cargo de la → Universidad de Montevideo. No es una evaluación nueva de los términos que se negocian en 2026.
Las conclusiones identifican un grupo de entidades para las que el Gobierno debería definir una estrategia de adecuación normativa o inclusión en las excepciones del acuerdo. Entre ellas figuran → UTE, → ANCAP y → Antel, además de instituciones financieras y de seguros.
El propio documento aclara que las empresas estatales y los monopolios no están prohibidos. Su análisis se refiere a la compatibilidad de sus características y actividades con las obligaciones del capítulo 17, y a las alternativas para abordar las diferencias detectadas.
Las excepciones deben tener contenido concreto
El texto del acuerdo publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda incluye un Anexo IV con medidas no conformes para empresas estatales y monopolios designados. Sus listas muestran que los compromisos pueden contener excepciones específicas por país.
Ese antecedente no asegura que Uruguay obtenga cualquier excepción que solicite. Lo relevante será conocer qué actividades desea preservar, qué obligaciones quedarían exceptuadas y cuál es el resultado aceptado por los demás miembros.
En términos prácticos, el análisis debe distinguir las operaciones comerciales, los mandatos de servicio público y los mecanismos utilizados para financiarlos. Una declaración general de protección resulta insuficiente para valorar el alcance de las condiciones negociadas.
Acceso a mercados y transición productiva
La → Cancillería uruguaya señaló, al anunciar la apertura del proceso en noviembre de 2025, que el país solo tenía acuerdos comerciales con cuatro de los doce integrantes del bloque. La adhesión ofrece una oportunidad para ampliar el acceso preferencial a otros mercados.
A la vez, la Confederación de Sindicatos Industriales reclama un estudio público de impacto y plazos de desgravación de al menos quince años para ramas sensibles, según informó Búsqueda el 19 de noviembre. Son demandas sindicales, no condiciones ya acordadas para Uruguay.
Evaluar la adhesión exige poner ambas dimensiones en relación: las oportunidades exportadoras y las condiciones de transición para actividades, trabajadores y servicios públicos. El análisis académico de 2022 aporta antecedentes jurídicos, pero no sustituye una evaluación actual de los términos que finalmente se negocien.
Fuentes principales
Universidad de la República, Universidad Católica del Uruguay y Universidad de Montevideo. (2022). → Uruguay: proceso de adhesión, acceso al mercado y empresas públicas en el Acuerdo Transpacífico (CPTPP). Convenio con INAC; capítulo 3, especialmente conclusiones de las páginas 117 a 119.
Gobierno del Reino Unido. (2023, 17 de julio). → The accession of the UK to the CPTPP: agreement summary. Apartado sobre empresas estatales y monopolios.
Gobierno de Canadá. (s. f.). → What does the CPTPP mean for state-owned enterprises?. Consultado el 20 de noviembre de 2026.
Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda. (s. f.). → Textos y recursos del CPTPP. Capítulo 17 y listas del Anexo IV.
Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay. (2025, 21 de noviembre). → Hacia el ingreso de Uruguay al CPTPP: respaldo internacional y política de Estado.
Búsqueda. (2026, 19 de noviembre). → El gobierno aspira a concluir antes de fin de año las negociaciones para adherir al Acuerdo Transpacífico.
Soto, M. (2026, 19 de noviembre). → La letra chica del sí. El Observador. Columna de opinión que motiva esta explicación.
Redacción ICI Plus · Análisis documental · 20 de noviembre de 2026.
