Uruguay alcanzó un 98 % de generación eléctrica renovable en 2025, después de registrar un 99 % en 2024. Sin embargo, ese resultado no significa que toda la energía consumida en el país sea renovable. La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) presentó ante especialistas iberoamericanos los instrumentos que hicieron posible la transformación del sistema eléctrico y planteó el desafío de extenderla al transporte, la industria y otros sectores que todavía utilizan combustibles fósiles.
La experiencia energética uruguaya volvió a ocupar un lugar en el debate internacional. En una comunicación publicada el 26 de octubre de 2026, la → Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) presentó los principales contenidos de la exposición realizada por Ximena García de Soria, gerenta de su Área Regulación, durante el XXIII Encuentro de Reguladores Energéticos.
La actividad se desarrolló en Montevideo entre el 19 y el 23 de octubre, bajo la organización de instituciones de cooperación y regulación energética de Iberoamérica. El intercambio estuvo dedicado a la promoción de recursos renovables propios, la eficiencia energética y los desafíos regulatorios de la transición.
La presentación uruguaya permitió revisar los resultados de una política energética desarrollada durante casi dos décadas y, especialmente, identificar los desafíos que permanecen después de transformar la generación de electricidad.
El 98 % renovable corresponde a la electricidad, no a toda la energía
Uno de los datos centrales difundidos por URSEA es que el 99 % de la electricidad generada en Uruguay durante 2024 provino de fuentes renovables. En 2025, esa participación fue del 98 %.
Los porcentajes reflejan el peso alcanzado por la generación hidráulica, eólica, de biomasa y solar dentro del sistema eléctrico nacional.
Es importante precisar el alcance de estas cifras. La generación eléctrica constituye una parte del consumo energético del país, pero no incluye directamente todos los combustibles utilizados por automóviles, camiones, maquinaria, procesos industriales y otros equipos.
Por esa razón, una matriz eléctrica casi totalmente renovable puede coexistir con una dependencia considerable de derivados del petróleo en otras actividades económicas.
Esta diferencia explica el concepto de segunda transición energética: aprovechar los avances de la generación eléctrica para transformar progresivamente los usos finales de la energía.
Una transformación basada en planificación pública e inversión
La exposición de García de Soria destacó el papel de la Política Energética 2008-2030, concebida como una estrategia de largo plazo y respaldada mediante acuerdos entre distintos partidos políticos.
Esa continuidad institucional contribuyó a ofrecer previsibilidad a inversiones que requieren importantes desembolsos iniciales y períodos prolongados de recuperación.
Entre los instrumentos utilizados se encuentran los contratos de compraventa de electricidad de largo plazo, conocidos como PPA por su denominación en inglés. Estos acuerdos permitieron establecer condiciones comerciales para proyectos de generación renovable adjudicados mediante procedimientos competitivos.
La → Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) desempeñó un papel central como empresa pública del sistema eléctrico y como contraparte de contratos que facilitaron el desarrollo de nueva capacidad de generación.
También se aplicaron mecanismos específicos para distintas tecnologías, incluyendo energía eólica, biomasa, pequeñas centrales hidroeléctricas y energía solar fotovoltaica y térmica.
El proceso combinó planificación estatal, inversión pública y privada, regulación e incentivos económicos. Esa articulación permitió ampliar el aprovechamiento de recursos energéticos disponibles dentro del territorio nacional.
Soberanía energética: reducir vulnerabilidades, no aislarse
Durante su exposición, García de Soria vinculó la transición con la soberanía energética, entendida como la capacidad del país para decidir su política energética, asegurar el suministro y disminuir su exposición a crisis internacionales.
La sustitución de combustibles importados por fuentes renovables nacionales contribuye a reducir determinadas vulnerabilidades económicas y de abastecimiento.
Sin embargo, soberanía energética no equivale a independencia absoluta. Los sistemas eléctricos necesitan equipos, tecnología, inversiones, mantenimiento y vínculos comerciales que pueden involucrar proveedores internacionales.
El objetivo consiste en aumentar la capacidad nacional de decisión y reducir riesgos, manteniendo al mismo tiempo la integración regional y las posibilidades de intercambio de electricidad.
La experiencia uruguaya demuestra que una política sostenida puede modificar profundamente la composición de la generación eléctrica. La cuestión actual es cómo trasladar esos beneficios al conjunto de la economía.
Primer desafío: electrificar el transporte
URSEA identificó la electrificación del transporte como una de las prioridades de la nueva etapa. El objetivo comprende el transporte público urbano, las flotas comerciales y los vehículos particulares.
Sustituir motores que consumen derivados del petróleo por tecnologías eléctricas puede disminuir el uso de combustibles importados y las emisiones asociadas al funcionamiento de los vehículos.
Pero la transición exige más que incorporar automóviles y ómnibus eléctricos. También requiere ampliar la infraestructura de carga, planificar la potencia disponible en las redes y desarrollar soluciones adecuadas para diferentes modalidades de transporte.
Las necesidades de un automóvil particular son diferentes de las de una flota de ómnibus, una empresa de distribución o un vehículo pesado que recorre largas distancias.
Para Uruguay, el desafío será combinar la expansión de la movilidad eléctrica con condiciones de acceso que permitan extender sus beneficios más allá de los sectores que pueden afrontar las inversiones iniciales.
Segundo desafío: transformar los procesos industriales
La descarbonización industrial constituye otra prioridad señalada en la presentación. Numerosos procesos productivos requieren calor, movimiento mecánico o energía en condiciones que todavía se obtienen mediante combustibles fósiles.
Una parte de esos consumos puede sustituirse por electricidad. En otros casos, la biomasa sostenible puede ofrecer alternativas, siempre que se evalúen sus condiciones de abastecimiento y sus impactos ambientales.
La exposición también mencionó la evaluación del hidrógeno renovable y sus derivados, en el marco de la estrategia nacional H2U, para actividades cuya electrificación directa resulta más difícil.
El → Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) participa en la definición de estas políticas, que deberán articular la disponibilidad de energía con las necesidades concretas de cada sector productivo.
La elección entre electricidad, biomasa, hidrógeno u otras alternativas no puede resolverse de manera uniforme. Depende de los procesos industriales, los costos, la eficiencia energética y la madurez tecnológica de cada solución.
Tercer desafío: almacenamiento, tarifas y eficiencia
URSEA también señaló la importancia de incorporar almacenamiento mediante baterías, desarrollar tarifas inteligentes y promover tecnologías de consumo eficiente.
El almacenamiento puede aportar flexibilidad al sistema eléctrico al permitir que parte de la energía se utilice en momentos diferentes de aquellos en los que fue generada.
Las tarifas inteligentes, por su parte, pueden contribuir a orientar determinados consumos hacia horarios más convenientes para el funcionamiento de la red, siempre que su diseño considere las necesidades y posibilidades reales de los usuarios.
Entre las tecnologías eficientes mencionadas aparecen las bombas de calor, capaces de proporcionar calefacción o agua caliente utilizando electricidad de manera más eficiente que ciertos sistemas convencionales.
Estas medidas muestran que la segunda transición no dependerá exclusivamente de grandes parques de generación. También requerirá cambios en la forma de consumir, administrar y distribuir la energía.
La expansión solar continúa, pero no es un anuncio nuevo
La comunicación de URSEA también recogió los lineamientos para incorporar 99 megavatios de generación solar fotovoltaica mediante tres parques de 33 MW, previstos en Tacuarembó, Florida y la zona este del país.
Se trata de una iniciativa que ya había sido presentada anteriormente dentro de la planificación energética nacional. Su inclusión en la exposición del organismo regulador no constituye una nueva adjudicación ni confirma el comienzo de las obras.
La referencia sirve, sin embargo, para mostrar que la ampliación de la generación renovable continuará acompañando los esfuerzos de electrificación y eficiencia.
El desafío económico y social de la nueva etapa
La experiencia uruguaya ofrece una enseñanza relevante: las transformaciones energéticas de gran escala requieren continuidad institucional, planificación y condiciones que permitan concretar inversiones de largo plazo.
La siguiente etapa incorpora desafíos adicionales. No se trata solamente de instalar capacidad de generación, sino de modificar equipamientos, vehículos, procesos industriales y hábitos de consumo.
Ese proceso también plantea cuestiones distributivas. Las inversiones iniciales pueden resultar elevadas para hogares y pequeñas empresas, aunque determinadas tecnologías permitan reducir costos de operación a lo largo de su vida útil.
Por eso, la política energética deberá considerar tanto la viabilidad tecnológica como las posibilidades de acceso, el financiamiento y el desarrollo de capacidades nacionales de instalación, mantenimiento y fabricación de componentes.
La segunda transición también puede representar una oportunidad para ampliar el trabajo calificado y la participación de empresas uruguayas en nuevas cadenas productivas, siempre que esas capacidades se desarrollen de manera sostenida.
De la electricidad renovable a una economía menos dependiente del petróleo
El balance presentado por URSEA confirma un logro importante: Uruguay consiguió sostener una generación eléctrica casi totalmente renovable durante dos años consecutivos.
Sin embargo, la exposición también deja planteada una tarea pendiente. Para reducir de forma más amplia la dependencia de combustibles fósiles, será necesario actuar sobre el transporte, los procesos industriales, la eficiencia y la gestión de las redes.
La presentación del 26 de octubre no establece nuevas obligaciones regulatorias ni un cronograma cerrado para esas transformaciones. Su importancia radica en identificar prioridades y situar la experiencia uruguaya dentro de un debate internacional sobre soberanía energética.
El desafío ya no consiste únicamente en producir electricidad renovable, sino en lograr que esa transformación contribuya a una economía más eficiente, menos vulnerable y con mayores posibilidades de desarrollo productivo.
Fuentes principales
ICI Plus – Elaboración periodística propia a partir de fuentes oficiales verificadas. 27 de octubre de 2026.
Crédito de imagen: ICI Plus. Ilustración conceptual generada mediante inteligencia artificial sobre la transición energética uruguaya. No representa una instalación o acontecimiento específico.
